Los fundadores de Nueva Iberia

 

El 1 de junio de 1778, un grupo de malagueños, la mayoría de Alhaurín de la Torre, zarpó del Puerto de Málaga en el bergantín San José con destino a Nueva Orleans (EEUU) para formar parte del contingente de los 700 colonos malagueños y canarios llamados por el gobernador Bernardo de Gálvez para hispanizar el territorio de Nueva Orleans, que antes había pertenecido a los franceses.

Mapa del enclave de Nueva Iberia en el Estado de Luisiana.

Los vecinos de Alhaurín, entre los que se encontraban familias apellidadas Segura, de Prados, Manuel, Hernández, Garrido, López, González, Romero, Gómez y Villatoro, llegaron a Nueva Orleans el 11 de noviembre de 1778 tras un penoso viaje con escalas en Cádiz y La Habana.

Tras su desembarco tuvieron que esperar trámites de varios meses hasta poder partir hacia el oeste de Nueva Orleans, donde fundaron en la primavera de 1779 la ciudad que llamaron Nueva Iberia (New Iberia), que está enclavada en el territorio que ocupaban los indios Attapakas, guiados por el teniente coronel Francisco Bouligny. El entonces gobernador del territorio español de Luisiana, Bernardo de Gálvez, les había asegurado tierras para el cultivo y para allí fundar una ciudad.

Los vecinos de Alhaurín de la Torre que realizaron el viaje, firmaron un contrato con el Gobierno antes de partir, que les garantizaba pagar su manutención hasta llegar a su destino, así como construirles una casa, asignarles tierras, proveerles con aperos de labranza, pagarles la primera siembra y suministrarles todas las necesidades hasta recoger la primera cosecha, manteniendo los bienes recibidos en propiedad para sí y sus descendientes.

Nueva Iberia, tuvo un papel importante en el comercio durante principios del siglo XVIII, ya que allí se realizaba el transbordo de mercancías de Nueva Orleans hacia las tierras del oeste del país. Nueva Iberia fue importante por su situación geográfica, ya que para los comerciantes que transportaban cargas en barcos planos y goletas, era mucho más sencillo y económico llegar a Nueva Iberia, descargar sus mercancías en carros y cruzar el estrecho, para posteriormente recargar en los barcos y llevar la mercancía río arriba.

El conflicto de los colonos de Maro

El anuncio del Gobierno central, a principios de diciembre de 1996, dando a conocer que no se modificaría la Ley de Arrendamientos Rústicos Históricos, recrudece el prolongado conflicto entre los colonos de Maro y la empresa Azucarera Larios, propietaria de la finca Las Mercedes.

Asamblea de los colonos de Maro.

El 14 de diciembre, medio centenar de ellos deciden conducir sus protestas a un encierro en la Cueva de Nerja. Los cuatro partidos representados en el Parlamento de Andalucía presentan una proposición no de ley para instar al Gobierno a solucionar el conflicto, aunque éste no responde. La Sociedad Azucarera Larios, sin embargo, se compromete a iniciar negociaciones sobre las rentas y los contratos de arrendamiento a partir de enero.

Un conflicto, que se explica con detalle en el libro La herencia envenenada del marquues de Larios, que venía de lejos, que se prolongó durante más de 20 años y que vivió sus momentos álgidos en la década de los 90 del siglo pasado después de que al inicio de la citada centuria Larios cediera en arrendamiento a más de medio millar de colonos terrenos que tenía repartidos en los municipios malagueños de Nerja, Vélez-Málaga, Algarrobo y Torrox, después de que la Ley de Arrendamientos Rústicos Históricos reconociera el derecho de esos agricultores a acceder a la propiedad a precios sensiblemente más bajos que los de mercado, aunque para ello debían probar que eran históricos.

Larios argumentó que la mayoría no ostentaba esa condición, mientras que los colonos mantenían que la empresa renovó los contratos de manera que no quedaran antecedentes de su historicidad. El largo conflicto, en el que otros colectivos reclamaban indemnizaciones por las mejoras introducidas en las diferentes explotaciones, plagado de protestas en las calles y encierros de colonos y familiares, entre ellos el que tuvo como escenario el ya citado de la Cueva de Nerja, se fue resolviendo, por lo general, mediante sentencias judiciales y acuerdos bilaterales que lograron desactivar una situación social explosiva, que obligó en distintas ocasiones a la intervención del Parlamento de Andalucía.

Aunque años más tarde, en el transcurso del 2010, se vivió una reedición del conflicto, cuando cerca de 100 pequeños propietarios, que en su mayoría explotaban invernaderos hortofrutícolas en Torrox Costa (Málaga), se pusieron en pie de guerra contra la aprobación inicial de un proyecto urbanístico de 700.000 metros cuadrados, diseñado y promovido por Salsa, la antigua azucarera Larios, que poseía alrededor del 40 por ciento de los terrenos involucrados.

Una situación similar a la vivida en Vélez-Málaga, en donde se aprobó inicialmente otra recalificación, en base a otro proyecto gestionado por Salsa, que iba a afectar a un millón de metros y que tuvo que reducirse, al menos, a la quinta parte.

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La doctrina falangista sobre la propiedad de la tierra

El Instituto Nacional de Colonización adquiere el 2 de agosto  de 1946 un cortijo enclavado en los términos municipales de Cártama, Coín y Pizarra, conocido como Condado de Casapalma.

Edificación del Cortijo de Casa Palma.

 Estas fincas parceladas, por las que se pagaron 2.500.000 pesetas, tienen una extensión de 1.600 hectáreas y afectan a setecientos veinte colonos.

El 19 de agosto se celebra en Coín un acto para dar a conocer la operación a los futuros propietarios, que no superarán en ningún caso la renta anterior.

El gobernador civil, Manuel García del Olmo, defiende el talante cristiano que subyace en la política de hacer propietarios de la tierra a quienes la trabajan, defendiendo esta doctrina falangista frente a cualquier procedimiento violento y revolucionario para llevar a cabo este objetivo.

El diario ABC del jueves 8 de agosto del mismo año, se hace eco de la noticia a través de un breve de la agencia Cifra, en el que se puede leer que” El Instituto Nacional de Colonización ha adquirido varias fincas para ser parceladas entre un buen número de colonos. Dichas fincas miden 1.653 hectáreas y están enclavadas en los términos municipales de Coín, Alhaurín el Grande, Cártama y Pizarra. El beneficio ampara a 720, colonos”.