El
ginecólogo malagueño Germán
Sáenz de Santamaría
fue
encarcelado
el día
1 de abril
por realizar en 1984 un aborto a una adolescente de 14 años
embarazada por un familiar, fue indultado el
5 de abril de 1991
por el Consejo
de Ministros.
La medida de gracia anulaba
también los seis años de inhabilitación profesional que incluía
la condena.
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| Germán Sáenz de Santamaría. |
El
Gobierno hizo público un escueto comunicado en el que
notificaba la decisión de "indultar a Germán Sáenz de
Santamaría de las penas privativas de libertad y de
inhabilitación impuestas por la Audiencia Provincial de
Málaga en sentencia de 15 de abril de 1988, por delito de
aborto, de acuerdo con lo informado por el ministerio fiscal y oído
el tribunal sentenciador".
La
polémica que rodeó
el
caso de Germán
Sáenz de Santamaría
no se acalló con la noticia de la concesión del indulto. El
presidente de la Xunta,
Manuel
Fraga,
se mostró favorable a la concesión de medidas de gracia al
ginecólogo condenado. "Siempre estoy por el ejercicio del
derecho de gracia con generosidad", dijo. "Mi criterio será
siempre favorable a la seriedad en la ley y en su aplicación, y
también a la generosidad en la gracia", concluyó.
Portavoces
del PSOE,
IU
y CDS
manifestaron
su satisfacción por la medida. Por contra, Fernando
Cortázar,
presidente de Acción
Familiar,
manifestó que "el indulto sistemático" implica la
desautorización de las sentencias de los tribunales y la derogación
de una ley sin pasar por el Parlamento".
El
ginecólogo Sáenz
de Santamaría
presentó el
12 de abril de 2002
una querella, que
no prosperó,
por presunta prevaricación continuada contra la juez y el fiscal que
le acusaron
de un delito de aborto ilegala. El médico sustentó
su denuncia en la supuesta existencia de una treintena de
irregularidades procesales como la vulneración del derecho a la
defensa o de la obligación de fundamentar las resoluciones
judiciales.
La
querella iba
dirigida contra la juez de Instrucción número 1, María
Teresa Guerrero,
y el fiscal adscrito al juzgado, Fernando
Bentabol.
Entre sus argumentos sostienía
que
Santamaría
y otro ginecólogo, también inculpado en la causa, no fueron citados
como imputados al comienzo del proceso y que muchos recursos fueron
resueltos sin la preceptiva fundamentación jurídica, vulnerando así
su derecho a la defensa.