Las peripecias de Arthur Koestler

 

Arthur Koestler era un periodista húngaro que se hizo pasar por simpatizante de los sublevados en la Guerra Civil para entrevistar a Queipo de Llano, y su testimonio fue uno de los más relevantes entre los de los extranjeros que presenciaron la masacre en la carretera Málaga-Almería durante la contienda.

Arthur Koestler.

El expediente procesal de Koestler cuando fue detenido, primero en la cárcel de Málaga y después en la de Sevilla y condenado a muerte, es uno de los documentos originales que se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de la capital malagueña.

Koestler, militante del Partido Comunista y antifascista, se valió del capitán sublevado Luis Bolín para llegar hasta Queipo y entrevistarle, pero al ser descubierta su verdadera ideología huyó y publicó en Europa lo que todos negaban, que Alemania e Italia estaban ayudando a los nacionales pese al pacto de no intervención. Eso desató la ira de Bolín, quien se sintió traicionado y juró públicamente que, si cogía a Kostler, lo mataría "como a un perro rabioso".

Koestler fue acogido en su casa de Málaga por Peter Chalmers-Mitchell, un británico que disfrutaba de su jubilación después de haber sido un eminente zoólogo, y ambos contemplaron desde allí el drama de la carretera. En casa del británico encontró Bolín a Koestler, que fue inmediatamente capturado y conducido a la prisión de Málaga, donde estuvo del 9 al 13 de febrero, día en que fue trasladado a la de Sevilla, donde permaneció hasta el 26 de mayo, condenado a muerte.

Finalmente, gracias a la presión internacional y las negociaciones de las autoridades nacionales, el gobierno británico y la Cruz Roja, Koestler fue canjeado por otros prisioneros detenidos por los republicanos en Valencia, entre ellos la mujer del aviador sublevado Carlos de Haya. El expediente procesal de Koestler es uno de los casi 65.000 que se conservan en el Archivo Histórico de Málaga.

Fuente documental: Koestler, el periodista que engañó a los sublevados para entrevistar a Queipo. José Luis Picón. Diario La Vanguardia, 6 de febrero de 2017

La modelo que asesinó a un millonario

 

María Kukucova, la modelo eslovaca acusada de haber matado al millonario británico Andrew Bush en la urbanización Sun Beach de Estepona (Málaga) en abril de 2014, fue condenada a 15 años de cárcel por el asesinato de este empresario del sector de la joyería, que tenía 48 años cuando recibió 3 tiros mortales. El juez tuvo en cuenta la atenuante de estado pasional, obcecación o arrebato. La joven también fue condenada con 6 meses de prisión por allanamiento de morada, ya que se encontraba en el chalé de la víctima sin permiso.

Andrew Bush junto a María Hukucova.

El crimen ocurrió la madrugada del 5 de abril de 2014. Kukucova, que entonces tenía 23 años, y Bush habían roto su relación en noviembre del año anterior. Él había empezado prácticamente en esa fecha un romance con una joven de origen ruso de 21 años, con quien esa noche llegó a la casa de Estepona. Allí se encontraron a la modelo, que se había instalado en la vivienda 3 días antes sin el consentimiento del acaudalado británico.

Ante esta situación, la nueva novia del empresario optó por irse a la calle para que ellos resolvieran el problema. Se esperó junto al espectacular automóvil Hummer modelo H-1 en el que habían llegado momentos antes, mientras en el interior del chalé se producía una discusión entre la antigua pareja. Poco después, el empresario salió y le dijo al joven que llamara a la policía porque su ex no quería irse de allí. Bush regresó al interior de la casa y la condenada, "de forma inesperada", le pegó 3 tiros con un revólver calibre 38 modelo P980.

La modelo, entonces, colocó el arma en la mano izquierda de la víctima, cogió las llaves del Hummer y huyó en el coche, tras decirle a la nueva novia de su expareja que este "la estaba esperando dentro", relataba la sentencia. El vehículo fue localizado un día después en una playa de Marbella y la joven huyó a Eslovaquia, donde unos días más tarde se entregó a la policía.

Los hechos fueron constitutivos de un delito de asesinato y de otro de allanamiento de morada, según el veredicto emitido por un jurado popular. Para llegar a esta conclusión, fueron especialmente significativos los informes de balística y sobre las manchas de sangre halladas en la escena del crimen, además del informe forense.

El juez precisó en la sentencia que pese a "la profunda reprobación social que merece el tremendo crimen cometido", tras ponderar otras circunstancias como el "estado de ofuscación" con que actuó la acusada, su "total carencia” de antecedentes penales" y, especialmente, “la desgarrada petición de perdón” al serle concedida la última palabra tras el juicio, la joven no dejó de llorar en los cuatro días que duró la vista oral, impuso la sentencia ya señalada

Además, Kukucova debió indemnizar por daños morales a la hija de la víctima con 160.000 euros y a la hermana del empresario, con 40.000. Las dos ejercieron la acusación particular en el proceso. Finalmente, el Tribunal de Superior de Justicia de Andalucía absolvió a la modelo del delito de allanamiento de morada y aplicó la atenuante de confesión, por lo que redujo en un año y nueve meses la pena que le fue impuesta.

Cuatro muertos en el hundimiento en un hotel

 

Cuatro muertos y numerosos heridos heridos fue el balance de un hundimiento ocurrido a las diez de la mañana del 11 de agosto de 1971 en el hotel Riviera de Benalmádena-Costa.

Tres de las víctimas fueron sacadas en las labores de descombro y la otra falleció cuando era trasladada a un hospital malagueño. Los heridos recibieron asistencia en diversos centros sanitarios de Benalmádena, Torremolinos, Málaga y diversas casas de socorro.

Portadilla del diario ABC.

La parte derrumbada constituía un pabellón anexo al bloque del hotel por lo que no se afectaron las habitaciones de los huéspedes ni tampoco al comedor principal ni la la mayoría de los servicios propios de cualquier hotel.

El pabellón siniestrado, que constaba de dos plantas, estando la superior al nivel de la entrada principal, se habían instalado el vestíbulo, el bar, salones, comedor reservado y galería de tiendas y exposiciones. En la baja, servicios, como la cocina, comedor del personal y supermercado. Por otra parte, se llevaban a cabo obras en la cubierta, donde se construían unas pistas de tenis.

El número de muertos se elevó a cuatro, tres belgas y un suizo. A causa del ruido producido por los escombros que caían, los huéspedes que se encontraban en el hotel corrieron despavoridos abandonando el edificio. Hasta bien entrada la tarde no se permitió la entrada a ninguna persona como medida de prevención del peligro que pudiera sobrevenir.

La Audiencia Provincial de Málaga condenó en enero de 1977 al arquitecto y al aparejador a un año de prisión menor a cada uno, como autores de un delito de imprudencia temeraria por construir una pista de tenis sobre la terraza del Hotel Riviera cuyo hundimiento ocasionó la muerte a cuatro personas y heridas de gravedad a diez más, dos de las cuales quedaron con incapacidad absoluta. Asimismo, condenó a ambos profesionales de Málaga con la suspensión de todo cargo público, profesión, oficio y derecho de sufragio durante un año.

También se vieron obligados a indemnizar con quince millones de pesetas a la empresa propietaria del hotel siniestrado y por un total de 7.943.842 pesetas, a los familiares de las víctimas, a los heridos y perjudicados.

Graves sucesos en Benagalbón

Las elecciones generales del 8 de marzo de 1914, celebradas bajo el reinado de Alfonso XIII, desencadenan los graves sucesos acaecidos en Benagalbón, pedanía de Rincón de la Victoria, (Málaga) que acabaron con la vida, degollado, del guardia civil Domingo Almodóvar, otros tres guardias heridos y el encarcelamiento de numerosos vecinos.

Miembros de la comisión que pidió el indulto, incluido el alcalde de Málaga Luis Encina.

La tragedia se produjo ante el recelo por el posible falseamiento de los resultados electorales, debido a los antecedentes por la anulación de las elecciones de concejales del 5 de noviembre de 1911 y del 9 de noviembre de 1913.

Por ello, los vecinos se concentraron ante el colegio electoral, sito en la escuela de las niñas y protegido por la Guardia Civil. El conflicto estalló cuando el presidente de la mesa y el alcalde se negaron a firmar el acta del resultado de la votación.

Hubo detenidos y los vecinos exigieron su libertad, negándose la Guardia Civil, y entonces se originó el enfrentamiento. Tres días después del suceso, los detenidos se elevaban ya a 58. Fueron trasladados a Málaga atados y a pié para asistir forzosamente al entierro del guardia civil.

La familia del principal encausado, Enrique Roldán, fue detenida, incluida su mujer, Dolores Gómez y el primogénito, que pasaron 11 años y medio en prisión. Fueron condenados a la pena capital, después conmutada por cadena perpetua ante las peticiones de amnistía impulsadas por los republicanos.

Además, otros vecinos también fueron condenados a diferentes penas, a Francisco Pérez Segura nueve años de prisión mayor; a José Díaz Villalba y José Roldán Martín seis años de prisión correccional, y a Antonio Anaya López, José Garrido García y Rafael Pérez Lozano a cinco años de igual pena.

Según diversas investigaciones, el asesinato no quedó nada claro, porque fue un juicio muy oscuro y algunos de los asistentes a la vista llegaron a la conclusión de que la familia Roldán no había tenido nada que ver con los hechos.

En una de las jornadas del juicio, Enrique Roldán acusó de ser el autor del crimen a Guillermo Pérez Díaz, a quien vio con el cuchillo y la mano ensangrentada. Curiosamente, una de las testigos, pariente de Pérez Díaz, primero dijo que no estuvo en el pueblo y luego implicó a la mujer de Roldán. Guillermo Pérez fue imputado pero luego su nombre desapareció misteriosamente del proceso.

Lo cierto, es que en 1914 el caciquismo hacía estragos en la sociedad, los Roldán, una familia numerosa con siete hijos, eran personas importantes en la sociedad obrera republicana de la época, que habían tenido que ver con la inauguración de la Casa del Pueblo de la localidad un año antes y parece que la acusación fue un ajuste de cuentas.

Los sucesos fueron recogidos por toda la prensa del país y tuvieron gran repercusión a nivel nacional. De hecho, en 1915, el día en que el Gobierno debía decidir si indultaba de la pena de muerte a los acusados, su presidente recibió más de 3.000 telegramas procedentes de todo el país en los que se le pedía que adoptara esta medida de gracia. Tras muchos años de gestiones el Gobierno conmutó la pena a cadena perpetua por la de ocho años y un día de prisión.

La condena a Germán Saenz de Santamaría

El 20 de abril de 1988 es condenado el médico Germán Sáenz de Santamaría a 4 años de prisión y 6 de inhabilitación por un delito de aborto.

El ginecólogo malagueño Germán Sáenz de Santamaría fue encarcelado el día 1 de abril por realizar en 1984 un aborto a una adolescente de 14 años embarazada por un familiar, fue indultado el 5 de abril de 1991 por el Consejo de Ministros. La medida de gracia anulaba también los seis años de inhabilitación profesional que incluía la condena.

Germán Sáenz de Santamaría.

El Gobierno hizo público un escueto comunicado en el que notificaba la decisión de "indultar a Germán Sáenz de Santamaría de las penas privativas de libertad y de inhabilitación impuestas por la Audiencia Provincial de Málaga en sentencia de 15 de abril de 1988, por delito de aborto, de acuerdo con lo informado por el ministerio fiscal y oído el tribunal sentenciador".

La polémica que rodeó el caso de Germán Sáenz de Santamaría no se acalló con la noticia de la concesión del indulto. El presidente de la Xunta, Manuel Fraga, se mostró favorable a la concesión de medidas de gracia al ginecólogo condenado. "Siempre estoy por el ejercicio del derecho de gracia con generosidad", dijo. "Mi criterio será siempre favorable a la seriedad en la ley y en su aplicación, y también a la generosidad en la gracia", concluyó.

Portavoces del PSOE, IU y CDS manifestaron su satisfacción por la medida. Por contra, Fernando Cortázar, presidente de Acción Familiar, manifestó que "el indulto sistemático" implica la desautorización de las sentencias de los tribunales y la derogación de una ley sin pasar por el Parlamento".

El ginecólogo Sáenz de Santamaría presentó el 12 de abril de 2002 una querella, que no prosperó, por presunta prevaricación continuada contra la juez y el fiscal que le acusaron de un delito de aborto ilegala. El médico sustentó su denuncia en la supuesta existencia de una treintena de irregularidades procesales como la vulneración del derecho a la defensa o de la obligación de fundamentar las resoluciones judiciales.

La querella iba dirigida contra la juez de Instrucción número 1, María Teresa Guerrero, y el fiscal adscrito al juzgado, Fernando Bentabol. Entre sus argumentos sostienía que Santamaría y otro ginecólogo, también inculpado en la causa, no fueron citados como imputados al comienzo del proceso y que muchos recursos fueron resueltos sin la preceptiva fundamentación jurídica, vulnerando así su derecho a la defensa.