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| García Román, izquierda, en una reunión de la comisión de investigación. |
Ese
año, todavía sin aclararse un supuesto agujero cifrado ya en 800
millones de pesetas a pesar de las iniciativas del PP e IU
en el Parlamento, el Juzgado de Instrucción nº8 de
Málaga admite a trámite una querella contra el consejo
rector de la cooperativa. Finalmente, en 1995 la cooperativa fue
intervenida por la Junta de Andalucía.
Un
caso que seguía vivo años después cuando el Ayuntamiento
de Málaga
constituyó el 1 de diciembre de 2004 una nueva comisión de
investigación sobre el caso. En ninguna de las dos ocasiones
anteriores, la comisión de investigación concluyó que hubiese
irregularidad alguna en la actuación del Ayuntamiento
respecto a la sociedad, pero en ambas quedó sin efecto por
cumplimiento del mandato de la
Corporación
sin que se llegara a aprobar su dictamen en el
pleno.
Los
comisionados oyeron en la reapertura la comisión a Francisco
García Román,
un cooperativista que llevaba años denunciando las presuntas
irregularidades de la sociedad. Según uno de los componentes, "no
aportó ninguna novedad". La comisión estudió
la documentación aportada y scordó
que en
mes
de enero
siguiente
volvería
a reunirse para decidir si siguía
adelante.
García
Román
denunció entonces que hubo una parcelación irregular de los
terrenos de la cooperativa y que de hecho, una parcela de 8.254
metros cuadrados aparecía
con una doble inscripción en el registro de la propiedad, a nombre
de Paidemaco
y del Ayuntamiento.
Sobre la parcela, que teóricamente estaba
incluida en los 40.000 metros cuadrados que compró Paidemaco
en 1984, había
desde aquel año un colegio, por lo que la cooperativa nunca pudo
disponer del suelo.
En
julio de 1997, una vez que el PP
se hizo con la alcaldía, Celia
Villalobos
decidió abrir otra
comisión
de investigación, que
tampoco
llegó a emitir dictamen. Se
volvió a constituir tras las elecciones municipales de 1999. El 16
de mayo de 2003 la comisión emitió un dictamen en el que entendía
que "no resultaba acreditado que existieran irregularidades
administrativas municipales y menos aún la existencia de un posible
perjuicio causado a la cooperativa por la actuación municipal".
El informe dejaba claro que al consistorio no le competía
pronunciarse sobre las conflictivas gestión y actividad de
Paidemaco,
y sólo determinar si las parcelaciones fueron correctas.
El
dictamen iba a aprobarse en el pleno del 27 de mayo, pero en la junta
de portavoces previa a la sesión el alcalde, Francisco
de la Torre,
pidió reabrir la comisión a petición de García
Román,
sin que ningún grupo se opusiera.
Pasado
un tiempo, el pleno del
Ayuntamiento
aprobó
el 19 de diciembre de 2006 la clausura de la investigación y la
disolución de la comisión al entender “que no resulta acreditado
que existieran irregularidades administrativas municipales y, menos
aún, la existencia de un posible perjuicio causado a la cooperativa
por la actuación municipal”, según explicó el
concejal Juan
Ramón Casero,
que en aquellos momentos presidía la comisión de investigación.
El
citado García
Román
en el año 2011 reiteró su denuncial ante
la
Fiscalía
Provincial de Málaga
que
abrió
diligencias de investigación penal para determinar si el alcalde,
Francisco
de la Torre,
cometió un presunto delito de prevaricación al cerrar en falso la
comisión de investigación.
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