Empiezan a detectarse fraudes en el PER

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial celebra el 9 de noviembre de 1993 el primer juicio por un delito de fraude al Plan de Empleo Rural (PER), consistente básicamente en la firma de peonadas falsas, no realizadas, que encausa como presunto autor al alcalde de Villanueva del Trabuco, José Antonio Arjona; al secretario del Ayuntamiento, Gonzalo Pascual Ruiz, y a dos de los encargados de realizar las listas de los jornaleros. Arjona ingresó en prisión el 16 de noviembre de 1995.

El PER estuvo rodeado de polémicas.

No obstante, un año antes, la lucha contra este tipo de fraude origina un primer decreto de prisión contra cuatro empresarios, un matrimonio de Antequera, un vecino de Moclinejo y el ex alcalde de esta última localidad y concejal del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Enrique Muñoz, quien negó en el juicio que hubiera firmado 300.000 peonadas falsas. La fiscalía lo acusó de provocar un fraude a la Seguridad Social superior a los 700 millones de pesetas.

Meses antes, en abril del mismo año 1993 se había descubierto un fraude al subsidio agrario dentro del PER cometido en la localidad granadina de Pinos Puente entre 1987 y 1990 que podía ascender a más de 1.000 millones de pesetas, según estimaciones de la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En sus conclusiones provisionales solicitó penas de entre uno y 11 años de prisión para los principales implicados, el ex alcalde, un concejal y varios funcionarios. La fiscalía, tras efectuar una depuración a fondo de todas las personas relacionadas con la estafa a la Seguridad Social, decidió excluir a la mayoría de los habitantes del pueblo, que percibían habitualmente el subsidio por desempleo agrario, y acusar únicamente a los funcionarios implicados en la firma de falsas peonadas y a aquellas personas que, teniendo suficientes medios de vida, cobraban el paro.

Según las conclusiones de la fiscalía entonces, el fraude podría rondar los 1.000 millones de pesetas, teniendo en cuenta los ingresos que se realizaron como cotización al régimen especial agrario, el salario mínimo interprofesional fijado y la cantidad de días que se hicieron constar en las falsas peonadas.

La Fiscalía acusó en su escrito a 15 implicados, entre quienes destacan el ex alcalde del pueblo, el socialista Juan Ferrandis; el secretario de la corporación, Rafael H. G. ; el concejal, José H. N. ; el alcalde pedáneo del anejo de Casanueva, Juan de Dios T. B., y un empleado de ese Ayuntamiento, José M. O.

Todos ellos fueron acusados del delito de falsedad, en tanto que dos vecinos de Pinos Puente, Isabel G. R. y Francisco G. D., como perceptores, lo fueron del delito de estafa. Otro implicado, Antonio R. V., secretario en esa época de CC OO del Campo y que, a pesar de tener un automóvil BMW y un inmueble de su propiedad, cobró el subsidio entre 1985 y 1989. El fiscal del TSJA solició penas de entre seis y ocho años de prisión para los acusados del delito de falsedad.

Estas primeras irregularidades detectadas iniciaron una larga polémica sobre la propia figura del Plan de Empleo Rural que se extiende hasta nuestros días aunque desde 1996 pasó a denominarse Plan de Fomento del Empleo Agrario (PROFEA).