En
1920, la recesión económica de la posguerra se vio acompañada de
un alto índice de conflictividad, son los años del llamado 'Trienio
Bolchevique' en Andalucía, con huelgas en numerosos sectores de
la economía malagueña.
El
movimiento obrero se radicaliza y en Málaga, como en Madrid
y Barcelona, a menudo se recurre a la violencia y a los
atentados terroristas. El 28 de mayo, trabajadores agrícolas asaltan
el Cortijo Pinazo, propiedad del marqués del Castillo.
Dos días antes había estallado una bomba en la Joyería Pabón,
cuyos empleados estaban en huelga como todo el gremio de plateros.
Portada de La Unión Mercantil. |
Durante
la madrugada, el puente de la Aurora fue rociado con petróleo
para quemarlo. El 22 de junio estalla otra bomba en las instalaciones
de La Unión Mercantil, situada en calle Marqués.
Los
efectos de la explosión en esta publicación propiedad de los
Creixell, de tendencia conservadora, no fueron importantes.
Las pérdidas ascendieron a 15.000 pesetas, pero la condena fue
unánime ya que el ataque a un medio de expresión de tal arraigo en
la ciudad provocó la condena unánime de la sociedad malagueña.
Fundamentalmente
cuando se conoció que uno de los redactores, trabajando en el
momento de la explosión, se había quedado sordo y, sobre todo, tras
conocerse que el joven aprendiz del periódico Pedro
Santiago,
apenas un niño que no tendría más de 10 años, estaba malherido en
el Hospital
Civil,
en
donde se le tuvieron que
practicar diversas operaciones de gravedad, tras ser lanzado por los
aires por la onda expansiva de la explosión.
Las
condenas de los periódicos regionales fueron numerosas, al igual que
las autoridades y los propios malagueños que visitaron la redacción
para solidarizarse con el periódico.
En
su siguiente edición, La
Unión Mercantil agradeció
estas muestras de apoyo y denuncia del
acto terrorista «que hizo víctima a un infeliz muchacho,
desconocedor por sus años de esta lucha e ideas del comunismo a la
moda».
Hubo
detenidos entre los sindicalistas más significados, como Felipe
Torres Gallero, Manuel Gariño y José Fernández
Lunar, entre otros, que fueron puestos poco después en libertad.
Más tarde se detuvo a seis trabajadores, a los que defendió en el
juicio el diputado republicano Francisco Layret. Todos fueron
absueltos.
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