La escandalera de Intelhorce

La denuncia presentada tres años antes por CCOO, archivada entonces por la Fiscalía, se reabre en julio de 1995 al presentarse una nueva denuncia del Gobierno contra los gestores privados que se habían hecho cargo de la textil Intelhorce en 1989, a los que acusa de haber desviado 4.200 millones del dinero público inyectado con la venta.

Asi quedaron las instalaciones de Intelhorce.

Una exhaustiva instrucción del juez Juan Francisco Ramírez, plasmada en 30.000 folios, atribuye prevaricación negligente a los denunciantes por la forma en que se puso el dinero público en manos del empresario italiano Giovanni Orefici.

Por su parte, José Miguel Moreno García, ex presidente de Improasa, redactó un informe aconsejando la venta al Gobierno. También ingresan en prisión José Manuel Muñiz, administrador único de la empresa entre 1991 y 1992, y sus compañeros de bufete, Adolfo Martos Hinojosa y José Luis Castillo.

Tres años después, sin embargo, el interminable procedimiento perderá nuevamente impulso ante la marcha atrás de las denuncias sindicales.

Como escribía el periodista José Antonio Sau en el diario “La Opinión de Málaga” el 5 de noviembre de 2008, “Intelhorce es hoy sólo un recuerdo de la Málaga fabril de finales de los 50. Sin embargo, su historia encierra muchas fotografías: la de las luchas sindicales contra el franquismo; imágenes de la dignidad de una plantilla que quería seguir trabajando; la del proceso judicial más largo y voluminoso de la judicatura española y la de un italiano pícaro y seductor que descapitalizó la empresa y protagonizó una espectacular huida ya condenado para morir mansamente en Kenia”.