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Depósitos de Campsa en Málaga. |
El
acuerdo incluía la
desaparición de la
conducción de
combustible por el subsuelo de la ciudad y suprimir su carga y
descarga a través del puerto. Una operación en la que Campsa
debería invertir más
de 6000 millones de pesetas, recibiendo del Ayuntamiento
a cambio los nuevos terrenos para su ubicación. El convenio firmado
supondría para Málaga
la liberalización de 70000 metros cuadrados de terrenos de zona
verde en uno de sus distritos más poblados, junto al mar, al lado
del futuro paseo marítimo.
Por
las mismas fechas, Campsa
negociaba el traslado de sus instalaciones en Almería,
cuyo alcalde, Santiago
Martínez, encabezó
en el mes de junio una manifestación para solicitarlo.
El
acuerdo es recibido con generalizada satisfacción en la ciudad. El
incendio producido en un tanque durante la madrugada del 24 de
noviembre de 1988 había desencadenado un proceso sin marcha atrás
posible impulsado por las reivindicaciones de los vecinos de Huelin.
En
el acuerdo, el Ayuntamiento se comprometía a cofinanciar
parte del traslado, a ceder los nuevos terrenos y a conceder la
explotación de varias estaciones de servicio durante veinticinco
años.
Dos
años después, en 1991, se alcanzará otro acuerdo con Repsol
para desmantelar sus instalaciones de la Ronda Intermedia,
y se inician las negociaciones con Gas Andalucía y Butano
con el fin de eliminar de la ciudad todas las instalaciones
peligrosas.
En
2001 después de ese
primer convenio, el Consistorio
y la multinacional suscriben un nuevo acuerdo para retirar los
grandes tanques y descontaminar los terrenos, que ocupan una
superficie de 177.548 metros cuadrados. Esta vez sí fue la
definitiva, una vez que terminaron las obras del oleoducto entre
Cartagena
y Puertollano,
imprescindible para clausurar el que partía desde Málaga.
El último buque que atracó en Málaga
para descargar petróleo lo hizo en el año 2000.
Tras
impulsar una recalificación de los terrenos, el Ayuntamiento
suscribe en 2006
un convenio urbanístico con la promotora granadina Comarex
en aras
transformar la zona con la construcción de cuatro rascacielos de
hasta 34 plantas para 932 viviendas y un hotel, otras cuatro torres
con 400 VPO, zonas comerciales, equipamientos públicos y un parque
de 70.000 metros cuadrados. A cambio de triplicar la edificabilidad
de la parcela, las arcas municipales se embolsarían 82,3 millones de
euros. La inversión total se cifró en 573 millones.
Una
historia que no se terminó aquí y que sigue aún viva en el debate
político de la ciudad, después de más de 30 años.