José Antonio Fernández-Vega, nacido en Llanes (Asturias) en 1891 fue un médico y político español, gobernador civil de la provincia de
Málaga durante el levantamiento del 18 de julio que dio lugar al comienzo de la
Guerra Civil española.
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| Inauguración del monumento en memoria de los fusilados en el cementerio de San Rafael. Foto: Sur. |
Casado y con seis hijos, José Antonio Fernández-Vega era
militante de Izquierda Republicana y gobernador civil de Lugo desde las
elecciones de febrero de 1936. Permaneció en este puesto hasta junio del mismo
año, cuando fue nombrado gobernador civil de Málaga. En esta ciudad tuvo que
hacer frente al levantamiento militar y a las milicias que tomaron el poder
tras el fracaso del levantamiento. También fue un médico muy respetado en
Puenteareas (Pontevedra), villa en donde una calle tiene su nombre en
reconocimiento a su labor, ya que atendía gratis a gente que carecía de dinero
para pagarle.
A mediados de septiembre de 1936 fue cesado de su cargo por
el ministro de la Gobernación, Valentín Galarza Morante, debido a los rumores
que le acusaban de haberse apropiado de fondos públicos. Regresa entonces a
Asturias con su familia, donde se ocupa el cargo de director del Hospital de
Llanes durante un mes hasta que es destituido por generar desconfianza entre
los dirigentes del Frente Popular, según un informe de la Guardia Civil de
1941.
Sale entonces para Francia, pero al carecer de recursos,
regresa a España, siendo nombrado médico de la subsecretaría de Armamento en
Barcelona hasta la caída de Cataluña, cuando se ve obligado a exiliarse de
nuevo en Francia.
Acogido en un campo de concentración francés, fue detenido
por la Gestapo el 10 de junio de 1940 junto a otras personalidades como Lluis
Companys o José Villalba. Es entonces trasladado a la Prisión Provincial de
Málaga para ser juzgado sobre la base de las listas que proporciona la misma
prisión provincial según las cuales fueron detenidas en su nombre 371 personas
de las que 275 fueron ejecutadas mediante "sacas".
En su defensa, Fernández-Vega alegó que nunca supo nada de
las “sacas” hasta una vez llevadas a cabo y que, en la medida de sus
posibilidades, rescató a un gran número de detenidos, incluidos militares y
sacerdotes, a los que proporcionó pasaportes y ayudó a escapar de la ciudad.
Fue condenado a muerte y fusilado en el cementerio de San Rafael, donde
permanece su cuerpo en una fosa común.
