El conflicto de los colonos de Maro

El anuncio del Gobierno central, a principios de diciembre de 1996, dando a conocer que no se modificaría la Ley de Arrendamientos Rústicos Históricos, recrudece el prolongado conflicto entre los colonos de Maro y la empresa Azucarera Larios, propietaria de la finca Las Mercedes.

Asamblea de los colonos de Maro.

El 14 de diciembre, medio centenar de ellos deciden conducir sus protestas a un encierro en la Cueva de Nerja. Los cuatro partidos representados en el Parlamento de Andalucía presentan una proposición no de ley para instar al Gobierno a solucionar el conflicto, aunque éste no responde. La Sociedad Azucarera Larios, sin embargo, se compromete a iniciar negociaciones sobre las rentas y los contratos de arrendamiento a partir de enero.

Un conflicto, que se explica con detalle en el libro La herencia envenenada del marquues de Larios, que venía de lejos, que se prolongó durante más de 20 años y que vivió sus momentos álgidos en la década de los 90 del siglo pasado después de que al inicio de la citada centuria Larios cediera en arrendamiento a más de medio millar de colonos terrenos que tenía repartidos en los municipios malagueños de Nerja, Vélez-Málaga, Algarrobo y Torrox, después de que la Ley de Arrendamientos Rústicos Históricos reconociera el derecho de esos agricultores a acceder a la propiedad a precios sensiblemente más bajos que los de mercado, aunque para ello debían probar que eran históricos.

Larios argumentó que la mayoría no ostentaba esa condición, mientras que los colonos mantenían que la empresa renovó los contratos de manera que no quedaran antecedentes de su historicidad. El largo conflicto, en el que otros colectivos reclamaban indemnizaciones por las mejoras introducidas en las diferentes explotaciones, plagado de protestas en las calles y encierros de colonos y familiares, entre ellos el que tuvo como escenario el ya citado de la Cueva de Nerja, se fue resolviendo, por lo general, mediante sentencias judiciales y acuerdos bilaterales que lograron desactivar una situación social explosiva, que obligó en distintas ocasiones a la intervención del Parlamento de Andalucía.

Aunque años más tarde, en el transcurso del 2010, se vivió una reedición del conflicto, cuando cerca de 100 pequeños propietarios, que en su mayoría explotaban invernaderos hortofrutícolas en Torrox Costa (Málaga), se pusieron en pie de guerra contra la aprobación inicial de un proyecto urbanístico de 700.000 metros cuadrados, diseñado y promovido por Salsa, la antigua azucarera Larios, que poseía alrededor del 40 por ciento de los terrenos involucrados.

Una situación similar a la vivida en Vélez-Málaga, en donde se aprobó inicialmente otra recalificación, en base a otro proyecto gestionado por Salsa, que iba a afectar a un millón de metros y que tuvo que reducirse, al menos, a la quinta parte.

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